Un inesperado Escándalo sacude por estas horas la habitual imagen de austeridad promovida desde la vocería gubernamental. Manuel Adorni ha quedado en el centro de la polémica luego de que una denuncia judicial sacara a la luz presuntas irregularidades en el pago de unas costosas reformas llevadas a cabo en su residencia privada. La acusación, que tramita ya en los tribunales de Comodoro Py, sugiere que una parte sustancial de la obra se habría abonado utilizando divisa estadounidense en efectivo y sin la correspondiente facturación.
Testimonio clave e impacto político
La piedra angular de la denuncia es el testimonio de uno de los contratistas principales a cargo de la obra. Según consta en el expediente, el albañil presentó ante la Justicia una serie de chats de WhatsApp y audios en los que, presuntamente, se pactaba el desembolso de al menos 10.000 dólares en efectivo ("billetes cara grande", detallaron) para evitar el rastro fiscal. Esta revelación contradice de lleno el discurso oficial sobre la transparencia absoluta y el apego estricto a las normativas tributarias que el propio vocero suele exigir en sus conferencias de prensa.
Desde el entorno directo de Manuel Adorni salieron rápidamente a desmentir categóricamente las acusaciones, calificándolas como "una operación burda y difamatoria" orquestada por sectores afectados por el reciente ajuste del Estado. Aseguran tener a disposición todas las transferencias bancarias y recibos oficiales que justifican el gasto total de la obra, y afirman que no existe ningún pago irregular en moneda extranjera. No obstante, el impacto mediático ya ha comenzado a generar ruidos internos en el seno del gobierno, donde algunos asesores temen que este 'Efectivo-Gate' desgaste prematuramente a una de sus figuras comunicacionales más fuertes.
| Monto Sospechado | Divisa | Facturación |
|---|---|---|
| .000 | USD (Efectivo) | Denunciado como no facturado |
El avance en la Justicia
La causa recayó en el juzgado federal de turno, que en las próximas horas deberá decidir si impulsa las primeras medidas de prueba requeridas por la fiscalía, entre las cuales figuraría el peritaje de los teléfonos celulares involucrados y un pedido de informes patrimoniales a la AFIP. Analistas políticos coinciden en que, más allá del curso legal, el principal riesgo radica en el daño reputacional severo para una administración que ha hecho de la moralidad pública su bandera principal frente a lo que denominan "la casta".