Cuadernos: un exdirectivo de Techint ratificó seis pagos a Roberto Baratta por casi US$1 millón

Héctor Zabaleta, ex gerente administrativo de Techint, declaró este martes como testigo en el juicio oral de la causa Cuadernos y ratificó que realizó seis entregas de dinero a Roberto Baratta, ex funcionario del Ministerio de Planificación. Según su relato, los pagos fueron efectuados en pesos y debían sumar el equivalente a cerca de un millón de dólares. La audiencia se desarrolló ante el Tribunal Oral Federal 7, en los tribunales federales de Comodoro Py.

La fiscal Fabiana León le preguntó si eran ciertas las entregas de paquetes registradas en fechas coincidentes con las anotaciones del chofer Oscar Centeno. Zabaleta respondió afirmativamente y explicó que la instrucción había provenido de Luis Betnaza, entonces director de Relaciones Institucionales del grupo. También sostuvo que cada envío rondaba entre 600.000 y 700.000 pesos de la época. Su testimonio recuperó bajo juramento hechos que el ejecutivo había narrado cuando estuvo investigado.

Una declaración bajo juramento ante el TOF 7

La condición procesal del declarante fue un punto central de la audiencia. Zabaleta había sido imputado y procesado, pero luego quedó sobreseído junto con otros directivos vinculados con este tramo. Antes de comenzar, el presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, le informó que tenía obligación de decir verdad como testigo. Al mismo tiempo, podía negarse a responder cuestiones que considerara autoincriminatorias. Esa combinación exige distinguir entre su relato actual, las declaraciones defensivas previas y la valoración que finalmente realicen los jueces.

De acuerdo con la cobertura de la audiencia, Zabaleta afirmó que Baratta reclamaba dólares y que se quejaba cuando recibía pesos. El exdirectivo explicó que no podía acceder a divisas en efectivo y por eso realizaba las entregas en moneda local. También mencionó presiones relacionadas con el suministro de gas a una planta industrial de Campana. Esas expresiones deberán analizarse junto con documentos, anotaciones y otros testimonios, porque una declaración aislada no define por sí sola la responsabilidad penal de los acusados.

El capítulo Sidor y la situación humanitaria

Los pagos se relacionaron con las gestiones desplegadas durante la nacionalización de Sidor, la siderúrgica que estaba bajo control de Techint en Venezuela. El proceso ordenado por el gobierno de Hugo Chávez abrió negociaciones complejas sobre la empresa, la compensación y la salida de trabajadores argentinos y sus familias. Directivos del grupo recurrieron entonces a funcionarios del gobierno argentino para obtener intervención diplomática y operativa. El origen y la finalidad de las entregas quedaron sometidos a distintas interpretaciones judiciales.

En 2021, la Justicia concluyó que este grupo de pagos se había producido dentro de una situación de emergencia y por razones humanitarias vinculadas con el regreso seguro de empleados desde Venezuela. Esa evaluación derivó en sobreseimientos, aunque no negó necesariamente la existencia material de las entregas. Por eso, el episodio reaparece ahora como parte del contexto probatorio del juicio más amplio. La diferencia entre admitir un pago y establecer su calificación jurídica resulta esencial para evitar conclusiones que excedan lo resuelto.

Las visitas de Baratta a oficinas del holding aparecen en los cuadernos escritos por Centeno, que registró recorridos, domicilios y movimientos atribuidos a funcionarios y empresarios. La acusación utiliza esas anotaciones junto con declaraciones, registros telefónicos y documentación. Las defensas cuestionan la precisión, el contexto y el alcance de parte de ese material. El juicio debe determinar qué hechos quedaron acreditados, quiénes participaron y si existió una organización estable de recaudación ilegal durante distintas etapas del kirchnerismo.

Qué valor puede tener el testimonio en el juicio

La audiencia también incluyó la expectativa por la declaración de Luis Betnaza, señalado por Zabaleta como quien impartió la instrucción. Ambos habían reconocido pagos durante sus indagatorias de 2018, cuando declaraban como acusados y no estaban obligados a decir verdad. La citación como testigos cambia ese marco formal. Sus respuestas pueden ser confrontadas con lo dicho anteriormente y con las preguntas de la fiscalía, las querellas y las defensas. Cualquier contradicción deberá ser ponderada por el tribunal.

Para Roberto Baratta, acusado en el proceso, el testimonio incorpora detalles sobre reuniones, montos y supuestos reclamos. Su defensa buscó precisar el rol real de Zabaleta dentro de las sociedades del grupo y su capacidad para tomar decisiones. Esa estrategia apunta a examinar cuánto conocía personalmente y qué parte de su relato provenía de instrucciones de superiores. El juicio oral permite justamente someter esas afirmaciones a preguntas cruzadas, una instancia distinta de la incorporación escrita de declaraciones antiguas.

La declaración no implica una sentencia ni modifica por sí misma los sobreseimientos dictados en el capítulo específico de Techint. Su relevancia dependerá de la relación con el resto de la prueba y de los hechos que integran la acusación vigente. En las próximas audiencias continuarán los testimonios y el análisis documental. El TOF 7 deberá construir una conclusión fundada, respetar las situaciones procesales ya firmes y valorar cada elemento dentro de su contexto. El episodio volvió al centro del debate, ahora bajo las reglas del juicio oral.