El Gobierno le hará hoy un recibimiento de honor a la Selección, pero no habrá ni festejo ni feriado

La relación entre el Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, y la cartera bonaerense que conduce Javier Alonso, alcanzó esta semana su punto de máxima tensión tras un fallido operativo antidrogas en el conurbano profundo. Lo que debió ser una acción coordinada terminó convirtiéndose en el epicentro de un escándalo político que evidencia la grave falta de articulación entre ambas jurisdicciones.

"No se hace política con la seguridad de la gente", disparó Bullrich en declaraciones radiales, acusando a la administración bonaerense de liberar zonas y no prestar colaboración logística a la Gendarmería. Desde La Plata, la respuesta no tardó en llegar: Alonso denunció un drástico recorte de los fondos coparticipables destinados a la seguridad ciudadana y criticó el "marketing de operativos que terminan en la nada".

La presión de los intendentes

En medio de este fuego cruzado político, los intendentes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) son quienes reciben los reclamos de primera mano de los vecinos. Según datos recientes, los delitos contra la propiedad han experimentado un aumento del 12% en varios distritos clave del conurbano.

Un grupo multipartidario de jefes comunales ya ha solicitado la conformación de una "mesa de crisis urgente" que deje de lado las disputas partidarias. "Los delincuentes no preguntan a qué partido votaste antes de robarte", resumió un histórico alcalde de la zona sur. Mientras el gobierno nacional insiste en su política de 'mano dura' y saturación focalizada, la provincia exige el envío de los fondos retenidos para poder reparar móviles policiales y garantizar el suministro de combustible de cara al invierno.