Facturas de crédito MiPyME: continúa el plazo de 21 días y se posterga hasta 2027 el cambio operativo

La prórroga mantiene el calendario de gestión de los comprobantes

Las empresas que operan con Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs conservarán durante un año más el plazo de 21 días corridos. La Resolución 424/2026 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa extiende el esquema desde el 1 de noviembre de 2026 hasta el 31 de octubre de 2027. La medida fue publicada el jueves en el Boletín Oficial.

La novedad es la continuidad de un tratamiento que vencía este sábado. Blog del Contador explicó que la prórroga evita el retorno inmediato a plazos legales más breves y sostiene las condiciones de procesamiento. Para las áreas de cobranzas y cuentas a pagar, el cambio está en el horizonte de vigencia: no deben acortar desde noviembre el tiempo previsto por esta excepción.

Noticias Argentinas informó que la decisión se apoyó en un informe técnico elaborado a partir de una presentación de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, COPAL. La entidad planteó dificultades para completar los pasos administrativos en los plazos ordinarios. El Gobierno recogió ese argumento y buscó evitar una readecuación intempestiva de los sistemas de las empresas receptoras.

Los fundamentos de la resolución mencionan los 15 días previstos para determinados actos de cancelación o aceptación y los diez días para rechazo. La prórroga mantiene el tratamiento de 21 días para los artículos y actuaciones expresamente alcanzados. Son días corridos, por lo que la referencia no equivale a contar solamente jornadas hábiles de trabajo administrativo.

Un crédito comercial que puede transformarse en financiamiento

El régimen creado por la Ley 27.440 procura facilitar que las pymes anticipen el cobro de ventas y servicios a plazo. La operación comercial genera un crédito contra el cliente; la factura aceptada puede convertirse en un instrumento negociable bajo las condiciones legales. El mecanismo ofrece una vía para obtener liquidez antes del vencimiento acordado, en lugar de inmovilizar toda la cobranza hasta esa fecha.

La ley distingue a la pequeña empresa emisora de la empresa grande receptora y contempla un tratamiento optativo para operaciones entre MiPyMEs. Su artículo 4 vincula la constitución del título ejecutivo con requisitos de la operación, las partes y los plazos. Por eso, emitir una factura electrónica ordinaria no basta para que cualquier venta ingrese automáticamente a este régimen.

La aceptación puede ser expresa o tácita. El artículo 6 prevé consecuencias para los comprobantes que transitan el plazo correspondiente sin los actos registrados que contempla la norma. Esa posibilidad vuelve relevante el seguimiento del domicilio fiscal electrónico y de los estados del comprobante: la falta de una respuesta oportuna puede producir efectos sobre la obligación, más allá del intercambio informal entre proveedor y comprador.

La continuidad del plazo administrativo tampoco modifica por sí sola todas las fechas de pago de los contratos. La factura debe identificar un vencimiento cierto de la obligación y los demás datos exigidos por el artículo 5, como partes, CUIT, importe y cuenta bancaria. Gestionar su aceptación y cumplir el pago son actuaciones conectadas, pero tienen referencias y efectos distintos.

El rechazo requiere una causa y su registro

La factura de crédito no está diseñada como un comprobante que el destinatario pueda descartar sin motivo. El artículo 8 de la Ley 27.440 enumera las situaciones que permiten apartarse de la aceptación: daños o defectos de mercadería, diferencias comprobadas de calidad o cantidad, divergencias de precios o plazos y falta de correspondencia con el servicio u obra contratados, entre otras.

La norma también contempla defectos formales que inhabiliten el documento, falta de entrega o prestación y cancelación total. Para las causales sujetas al procedimiento de rechazo exige su registro. La nueva resolución conserva el plazo excepcional para ese trámite y su inscripción, de modo que una observación comunicada por otro canal no reemplaza automáticamente las actuaciones previstas en el régimen.

La existencia de la prórroga puede aliviar la organización de quienes reciben gran cantidad de documentos, pero mantiene la necesidad de conciliar factura, entrega y condiciones comerciales. El proveedor depende de un crédito correctamente instrumentado para negociar su cobro; el comprador necesita verificar que el importe y la prestación correspondan a la operación realizada. Ambas tareas siguen siendo parte del circuito.

Arizmendi confirmó la extensión del período para aceptación, cancelación, rechazo e inscripción. El tratamiento uniforme facilita programar esas gestiones durante el nuevo año de vigencia. La calidad del registro conserva su importancia: una factura con datos incompletos o una actuación omitida puede comprometer el uso del instrumento aun cuando el plazo general permanezca sin cambios.

Qué comprobantes cedidos continúan fuera del régimen

La Resolución 424/2026 también prolonga una exclusión hasta el 31 de octubre de 2027. Comprende facturas o recibos originales emitidos por MiPyMEs a empresas grandes que se cedan en los términos del artículo 1618 del Código Civil y Comercial antes de su cancelación, rechazo o aceptación, ya sea expresa o tácita. Ladran Sánchez destacó esa condición temporal en su cobertura.

La cesión previa y su encuadre son determinantes. La exclusión no alcanza indiscriminadamente a todas las facturas contra una empresa grande, ni borra los requisitos de los comprobantes que permanecen dentro del sistema. Con ese alcance, la prórroga sostiene dos reglas distintas: más tiempo de gestión para las facturas comprendidas y continuidad de una excepción para ciertos créditos cedidos.

La medida entra en vigor el domingo. Brinda continuidad operativa, mientras la liquidez seguirá dependiendo del crédito, de su correcta instrumentación y de las condiciones bajo las cuales pueda negociarse.