AySA lleva su reforma tarifaria a audiencia: qué cambiaría y qué debe resolver el ERAS

La audiencia abre la discusión sobre una propuesta

La reforma tarifaria que AySA puso a consideración del ERAS tiene dos componentes que conviene leer juntos: una nueva clasificación territorial y la modificación de descuentos asociados al esquema actual. La audiencia pública fue convocada para este lunes a las 10, de forma virtual. La noticia describe el proyecto en evaluación, sin atribuirle una aprobación que la convocatoria no contiene.

La Resolución 41/2026 del Ente Regulador de Agua y Saneamiento establece expresamente que convocar no implica anticipar la decisión final. El procedimiento permite presentar observaciones sobre la propuesta de la empresa. Su resultado deberá distinguirse de los documentos que sirvieron de base para discutirla.

Noticias Argentinas informó que el proyecto alcanzaría con aumentos a casi dos millones de usuarios residenciales. Esa proyección no describe una suba uniforme para toda el área de servicio. El alcance depende de la ubicación y la clasificación del inmueble, además de los descuentos que recibe actualmente. La discusión se refiere a cómo se distribuyen los cargos entre esos grupos.

El promedio cambia según el universo observado

LA NACION detalló que 1.998.747 usuarios residenciales pagarían más, 683.927 tendrían reducciones y 672.194 no registrarían cambios por efecto de esta modificación. El reparto equivale aproximadamente a seis de cada diez, dos de cada diez y dos de cada diez. Son estimaciones de la presentación empresarial, no un registro de facturas ya emitidas con el nuevo esquema.

Para el grupo con incrementos, la suba media propuesta es del 22,6%. Acción informó que, considerando también a quienes tendrían bajas y a quienes quedarían sin cambios, la variación media del universo residencial sería del 11,4%. Ambos porcentajes pueden coexistir porque usan denominadores distintos. Confundirlos exageraría o minimizaría el impacto según el grupo que se quiera describir.

La cobertura de Acción ubicó la factura mensual media del grupo con subas en un pasaje de 29.116 a 35.710 pesos. Esos importes están calculados sin impuestos y con tarifas de septiembre de 2026. No son una predicción exacta de la próxima boleta: faltan la decisión regulatoria, el calendario de aplicación y los ajustes posteriores que correspondan.

El Cronista explicó la razón territorial que invoca la empresa: zonas cuyo perfil urbano cambió conservan coeficientes definidos hace décadas. Su ejemplo contrapone sectores históricos y áreas valorizadas después. Ese argumento expresa el diagnóstico que sustenta la propuesta; no permite deducir la capacidad de pago de cada hogar únicamente por el barrio donde vive.

La pérdida de un descuento tiene una cuenta propia

El proyecto no se limita a reemplazar coeficientes. También plantea retirar la bonificación del 15% a usuarios que dejen de pertenecer al segmento alcanzado. LA NACION identificó unas 504.000 cuentas que pagarían más exclusivamente por esa quita. Para ellas, el aumento no surge de un coeficiente superior, sino del cambio en el beneficio aplicado sobre la factura.

La diferencia aritmética es relevante: pasar de pagar 85 sobre una base de 100 a pagar 100 representa aproximadamente un 17,6% sobre el importe anterior. Quitar quince puntos de descuento no produce una suba del 15% sobre lo efectivamente abonado. El cálculo ilustra el mecanismo; no reemplaza la liquidación de una cuenta ni presupone su aprobación.

El texto del ERAS recoge una eliminación gradual de esa bonificación, con descuentos del 10%, luego del 5% y finalmente del 0%. También describe una transición para los cargos afectados por la reclasificación, con un máximo del 5% mensual acumulativo en los casos correspondientes. Los mecanismos deben leerse por separado: tienen bases y recorridos distintos.

Acumulativo significa que cada variación se aplica sobre una base ya modificada, no que se suman porcentajes sin más. Además, el límite citado se refiere a cargos alcanzados por los coeficientes y no constituye un congelamiento general de toda factura. Explicar esa diferencia permite evitar promesas sobre importes individuales que el proyecto no garantiza.

Qué debe quedar documentado después del debate

La resolución de convocatoria establece que las opiniones son no vinculantes, pero deben ser consideradas al fundamentar la decisión final. El regulador tendrá que explicar cómo las tomó en cuenta y, cuando corresponda, por qué las rechaza. Participar y decidir son funciones diferentes; el carácter consultivo no convierte las intervenciones en un trámite sin respuesta institucional.

El plazo de inscripción previsto por la norma terminó el 24 de octubre a las 10. Por eso esta cobertura no invita a anotarse como expositor cuando esa ventana ya cerró. La audiencia y la documentación del expediente tienen sus canales institucionales. Tampoco se atribuyen intervenciones, conclusiones o acuerdos que no estén comprobados al cierre de la nota.

La cobertura previa sobre ofertas e inversión en AySA aborda el proceso societario y las obligaciones de servicio. Esta discusión tiene otro objeto: los criterios de facturación a los usuarios. La relación entre ambos asuntos no autoriza a confundir una oferta por acciones con la aprobación de una tarifa.

Para los hogares, el dato decisivo será la resolución que establezca qué propuesta se acepta y desde cuándo se aplica. Hasta entonces, los porcentajes describen escenarios presentados para evaluación. Mantener separados proyecto, procedimiento y acto final permite seguir el cambio con precisión, sin anunciar una boleta nueva antes de que exista la decisión correspondiente.