CABA aprobó la reforma comercial: apertura por declaración jurada y controles posteriores para actividades de bajo riesgo

La apertura deja de depender de una inspección previa en los casos alcanzados

La reforma comercial porteña cambia el orden en el que se plantea la relación entre un negocio de bajo riesgo y la Administración. La Legislatura aprobó el jueves una iniciativa que permite empezar a funcionar con una declaración jurada completa, documentación pertinente y una constancia provisoria. El control estatal se traslada a una instancia posterior, en lugar de constituir el paso previo para abrir.

Noticias Argentinas informó que Pilar Ramírez, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Ciudad, celebró los 32 votos afirmativos y agradeció el acompañamiento del PRO. Su propuesta busca reducir las demoras asociadas a la apertura de negocios y a otras actividades económicas. El alcance específico sobre el bajo riesgo es central: la presentación no equivale a autorizar de manera indiscriminada cualquier actividad.

Según la misma cobertura, el esquema contempla una primera inspección dentro de 180 días. Si el Gobierno no la realiza por razones ajenas al administrado, la constancia provisoria pasaría a definitiva. El plazo combina una posibilidad de iniciar la actividad con una obligación de fiscalización posterior. La reforma desplaza el momento del control, pero mantiene responsabilidades para la autoridad y para quien presenta la documentación.

Ese diseño exige que el solicitante conozca qué actividad declara y qué requisitos debe cumplir. La declaración jurada supone responsabilidad por la información aportada; un procedimiento más rápido necesita datos correctos para que el control tenga utilidad. La sanción de la iniciativa es un paso legislativo, mientras su aplicación concreta debe encuadrarse en las reglas de implementación y vigencia correspondientes.

Un legajo y un catálogo para reducir presentaciones repetidas

La digitalización propuesta alcanza el inicio, la modificación, la renovación, la transferencia y la baja de actividades, detalló Noticias Urbanas. Una Ventanilla Única Digital concentraría presentaciones, consultas, subsanaciones, certificados, descargos y pagos. La idea es reunir en un circuito actuaciones que hoy pueden requerir interacciones diferentes con el Estado, de modo que cada cambio no obligue a reconstruir todo el recorrido administrativo.

El Legajo Digital Único, vinculado con CUIT o CUIL, apunta a evitar que la Administración vuelva a pedir documentos que ya posee. El proyecto contempla además un Catálogo Único Digital de Trámites y Requisitos, donde deberían publicarse exigencias, formularios, plazos, tasas, inspecciones y vías de recurso. Esa organización ofrece una referencia común para quien realiza el trámite y para quien debe evaluarlo.

El catálogo cumple una función adicional a la de ordenar información: delimitar qué se puede exigir. La propuesta reseñada por Noticias Urbanas establece que los requisitos deben figurar allí y promueve interoperabilidad entre registros, con resguardo de los datos personales. El beneficio previsto es reducir documentación reiterada sin perder trazabilidad sobre las actuaciones que sostienen una habilitación.

El universo descripto incluye comerciantes y empresas, pero también cooperativas, profesionales independientes, asociaciones y otros actores con actividades económicas lícitas sometidas a controles locales. Ese alcance amplía la discusión más allá de la apertura de un local. La simplificación abarca cambios durante la vida de una actividad y también el modo de dejarla formalmente sin efecto.

El silencio positivo tiene condiciones y antecedentes en la Ciudad

La Legislatura trató además una reforma sobre silencio administrativo positivo, informó Pura Ciudad. El mecanismo atribuye efectos favorables a la falta de respuesta estatal dentro del plazo previsto para determinados procedimientos. La cobertura distingue esa iniciativa del régimen de simplificación comercial, aunque ambas forman parte de una misma agenda sobre tiempos de respuesta y relación con los operadores económicos.

El silencio positivo ya tenía antecedentes normativos porteños. El Decreto 54/2026, publicado en febrero, reglamentó su aplicación dentro del artículo 10 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Ese marco permite entender el cambio legislativo sin presentar la figura como una creación de esta semana ni convertir cualquier demora administrativa en una autorización automática para todo tipo de solicitud.

La Resolución 504 de la Jefatura de Gabinete, publicada el 15 de octubre, aprobó un listado de trámites alcanzados bajo ese decreto. También dispuso adecuaciones de normas y sistemas e incorporaciones de nuevos procedimientos al listado. Es un antecedente que muestra por qué importan el tipo de trámite, sus requisitos y el marco específico al evaluar los efectos de una respuesta que no llega.

En el plano comercial, esa precisión resulta relevante para la seguridad de las operaciones. Una constancia, una declaración jurada y un efecto favorable por silencio tienen supuestos propios. Su articulación debe ofrecer certeza a quien invierte y permitir verificar el cumplimiento, de modo que la reducción de esperas no se convierta en una nueva disputa sobre qué estaba autorizado.

Una convergencia entre LLA y el PRO que deberá traducirse en gestión

La votación mostró un punto de coincidencia entre el bloque libertario y el PRO. Página 12 registró 32 votos favorables y 23 negativos para la reforma comercial dentro de una sesión que también autorizó deuda pública y abordó la emergencia hídrica. Las iniciativas tuvieron objetos distintos, pero el acompañamiento entre espacios fue parte del escenario político en el que se aprobó la nueva propuesta.

La implementación concentrará ahora la exigencia práctica: unificar información, establecer recorridos digitales y sostener inspecciones posteriores. Para los operadores económicos, el resultado se medirá en trámites comprensibles y tiempos efectivos. Para la Ciudad, el desafío es que una apertura más ágil conviva con controles capaces de distinguir incumplimientos, corregir problemas y preservar las condiciones de funcionamiento.