Los Más Buscados: el Gobierno unifica datos de prófugos y crea una mesa para priorizar capturas

Una base común para búsquedas que atraviesan organismos

La búsqueda de personas prófugas tendrá una nueva instancia de coordinación nacional. La resolución firmada el 21 de octubre por Alejandra Monteoliva y publicada el 28 creó Los Más Buscados dentro del Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos, el CUFRE. La decisión combina dos tareas: reunir registros dispersos y decidir qué objetivos requieren una atención prioritaria de las fuerzas intervinientes.

El texto del Boletín Oficial fundamenta la medida en la complejidad del crimen organizado y en la cantidad de personas que eluden a la Justicia. El ministerio propone concentrar recursos sobre los casos considerados de mayor riesgo para la seguridad pública. Cadena 3 y Cosmos FM coincidieron en describir ese objetivo de priorización como el eje del programa anunciado este miércoles.

La herramienta se incorpora a la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales, dependiente de la Subsecretaría de Investigación Criminal. No es un tribunal nuevo ni una instancia que determine culpabilidad. Su ámbito es la organización del trabajo policial sobre personas buscadas: el dato relevante para activar una búsqueda sigue siendo la situación judicial concreta de cada caso.

La norma distingue delitos imputados y delitos por los que existe condena al enumerar las variables de análisis. Esa diferencia importa porque una persona con pedido de captura no necesariamente recibió una sentencia. Una prioridad operativa puede orientar la asignación de recursos, pero no transforma por sí sola una acusación pendiente en responsabilidad penal establecida.

Qué registros deben actualizarse y quién administra el sistema

El artículo 3 de la resolución instruye al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, conocido como SIFCOP, y al Programa Nacional de Recompensas a suministrar información de manera permanente y actualizada. La Subsecretaría de Investigación Criminal definirá los criterios de provisión. El mandato busca que la base no dependa solamente de una carga inicial, sino de un intercambio sostenido entre herramientas que ya funcionan.

El responsable del desarrollo, mantenimiento y mejora continua será el titular de la Dirección Nacional de Gestión de Bases de Datos de Seguridad. La resolución le asigna también el fortalecimiento de políticas de protección de datos y gestión de la información. Así separa el trabajo técnico sobre el sistema de la evaluación de los casos y establece un área identificable a cargo de su continuidad.

Cosmos FM destacó la invitación al Ministerio de Justicia para aportar antecedentes penales, rebeldías y órdenes de captura. El texto oficial precisa que la convocatoria está dirigida a la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia. No se trata de una instrucción equivalente a la dirigida a las dependencias de Seguridad: la colaboración de ese organismo aparece formulada como una invitación.

La integración de registros permite abordar distintas dimensiones de una búsqueda. El pedido de captura informa una medida judicial, mientras que una recompensa constituye una herramienta para obtener colaboración. Su presencia en una base común no vuelve intercambiables esas funciones. La actualización resulta especialmente relevante para no confundir una medida vigente con información que cambió durante el trámite de una causa.

Una evaluación que reúne investigación, fuerzas y sistema penitenciario

La Mesa de Evaluación de Casos de Personas Prófugas y Evadidas reunirá a representantes de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, la Subsecretaría de Investigación Criminal y la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales. El artículo 4 agrega las áreas especializadas de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal.

También podrán ser invitados, como colaboradores, representantes del Poder Judicial de la Nación, de los ministerios públicos y de otros organismos competentes. La fórmula permite ampliar el intercambio sin convertir a todos esos actores en integrantes permanentes de la mesa. La coordinación prevista reconoce que una búsqueda puede necesitar información de investigación, del sistema penitenciario y de la autoridad judicial.

Los fundamentos mencionan la naturaleza de los delitos, las penas previstas o impuestas, la reincidencia y el nivel de organización criminal entre las variables para clasificar objetivos. No publican en ese apartado una puntuación individual de personas determinadas. El sistema proyectado es de análisis automatizado y priorización, acompañado por la instancia de evaluación entre organismos.

Continuidad con las recompensas y alcance de la puesta en marcha

La resolución reconoce antecedentes argentinos: el Programa Nacional de Recompensas y la lista de personas buscadas del Ministerio de Justicia. El cambio consiste en fortalecer su articulación mediante una base unificada y criterios de prioridad. Por eso, el anuncio no implica que antes no hubiera búsquedas federales ni que las herramientas mencionadas deban comenzar nuevamente desde cero.

El artículo 7 establece que la medida no implica erogación presupuestaria para el Estado nacional. Esa disposición describe el alcance presupuestario de la resolución; no constituye una medición del costo total de las investigaciones policiales. La norma entró en vigencia con su publicación y aprobó, en un anexo, el objeto, la integración y las funciones del titular del programa.