Datos biométricos y $27.000 millones: las claves del caso que sacude a la Provincia

La detención de Albertina Mangini abrió un nuevo frente judicial en la provincia de Buenos Aires. La fiscal platense Betina Lacki investiga si una organización utilizó datos personales y biométricos de personas en situación de vulnerabilidad para crear cuentas en billeteras virtuales y mover dinero de origen presuntamente ilícito. La causa se encuentra en una etapa inicial: las imputaciones expresan una hipótesis de trabajo y ninguna responsabilidad puede darse por probada antes de las decisiones del juez y del eventual juicio.

Según la reconstrucción incorporada al expediente, quienes prestaban su identidad habrían recibido una suma de dinero a cambio de fotografías, documentación y una verificación facial. Con ese material se habrían abierto cuentas a nombre de terceros en plataformas de pago. La fiscalía busca determinar quién controlaba los dispositivos, desde qué direcciones se operaban las cuentas y quiénes fueron los beneficiarios finales. Ese recorrido técnico será central para separar a las posibles víctimas de quienes habrían administrado el circuito.

El componente biométrico vuelve al caso especialmente sensible. Una contraseña puede cambiarse, pero un rostro, una huella o el patrón de un iris acompañan a la persona durante toda su vida. Por eso, la captación sin consentimiento informado puede producir un daño que excede una estafa puntual. También plantea obligaciones para organismos públicos y empresas tecnológicas: limitar el acceso a bases sensibles, registrar cada consulta y activar alertas cuando una misma terminal intenta validar identidades múltiples en períodos breves.

Las billeteras digitales permiten reconstruir movimientos, dispositivos y titulares cuando existe una orden judicial.

Los investigadores describen una modalidad de fragmentación conocida como pitufeo: grandes montos se distribuyen entre numerosas cuentas y operaciones pequeñas para dificultar los controles automáticos. Un informe policial analizó, para uno de los involucrados, créditos y débitos que en conjunto superan los $27.149 millones. Esa cifra representa flujo bruto y no una ganancia acreditada. La Justicia deberá precisar qué parte corresponde a operaciones legítimas, cuál carece de respaldo económico y si existió una coordinación deliberada entre los titulares investigados.

Uno de los nombres examinados también aparece en el expediente sobre Sur Finanzas, una financiera previamente vinculada a movimientos bajo análisis judicial. La coincidencia no demuestra por sí sola que ambas causas formen una única estructura. Sí habilita a comparar billeteras, teléfonos, contrapartes y transferencias para establecer si hubo operadores comunes. La cautela es indispensable: una relación comercial, un contacto o una transferencia aislada no equivalen automáticamente a participar en un delito, y cada conexión necesita evidencia independiente.

El gobierno bonaerense sostuvo que Mangini pertenecía al Ministerio Público Fiscal y negó que tuviera relación laboral con el Ministerio de Justicia. Al mismo tiempo, la información del caso señala que cumplía tareas en una oficina de enlace que funcionaba dentro del Patronato de Liberados. Esa diferencia administrativa será revisada mediante convenios, legajos y permisos de acceso. El punto institucional no es menor porque permitirá saber quién custodiaba la información de las personas supervisadas y qué controles existían sobre su utilización.

El juez de Garantías deberá revisar los pedidos que formule la fiscalía durante la investigación.

La etapa siguiente estará dominada por la evidencia digital. Los peritos deberán preservar teléfonos y computadoras, verificar metadatos, identificar direcciones de conexión y ordenar cronológicamente altas de cuentas, ingresos y transferencias. También será importante escuchar a las personas cuyas identidades habrían sido utilizadas, determinar qué información recibieron y ofrecerles mecanismos para recuperar el control de sus perfiles. Una investigación sólida necesita proteger a esas personas y, a la vez, documentar cada hallazgo con una cadena de custodia verificable.

El expediente expone una vulnerabilidad que alcanza a todo el sistema financiero digital. La inclusión mediante aplicaciones redujo costos y facilitó pagos, pero también creó nuevas oportunidades para reclutar identidades ajenas. Bancos, fintech y organismos estatales pueden reducir ese riesgo si cruzan señales de comportamiento, permiten bloquear rápidamente una cuenta cuestionada y explican con claridad cómo denunciar una suplantación. Esos controles deben ser proporcionales y auditables para no convertir la prevención del fraude en vigilancia indiscriminada.

Más allá del impacto político inmediato, el caso dependerá de pruebas y no de consignas. La fiscalía tendrá que demostrar el origen de los fondos, la función concreta de cada imputado y la intención de ocultar o integrar dinero ilícito. Las defensas podrán cuestionar peritajes y ofrecer explicaciones alternativas. Mientras ese proceso avanza, la prioridad pública debería ser doble: resguardar la presunción de inocencia y cerrar las fallas que habrían permitido convertir datos de personas vulnerables en herramientas financieras manejadas por terceros, para prevenir nuevas vulneraciones de derechos.

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Cronología verificada

• Fines de 2023

  La fiscalía ubica el comienzo aproximado de la captación de identidades bajo investigación.

• Durante 2024

  Las cuentas digitales habrían recibido y fragmentado transferencias mediante múltiples operadores.

• Agosto de 2026

  Se ordenaron detenciones y comenzó el análisis judicial de dispositivos, cuentas y beneficiarios finales.

Qué debe comprobar la investigación

Contexto contrastado con la cobertura original de Clarín. Redacción y análisis propios de Info Argentum.