Patricia Holzman: helicópteros, CEDyAT y el salto político impune del PRO a La Libertad Avanza
Fue la jefa de Gabinete más poderosa del Ministerio de Ambiente durante la gestión de Sergio Bergman. Hoy es diputada nacional por La Libertad Avanza. Entre el principio y el fin de ese recorrido hay una causa judicial por helicópteros, presuntos convenios ficticios con el CEDyAT y una plasticidad política que, según sus críticos, explica mejor que ninguna biografía oficial quién es Patricia Noemí Holzman.
Ficha de la funcionaria
Señalada judicialmente como presunta partícipe en contrataciones directas de aeronaves con irregularidades. Sobreseída por el juez Canicoba Corral. Las sospechas sobre el vínculo con el CEDyAT permanecen sin resolución pública definitiva.
— Síntesis del expediente según fuentes judicialesPatricia Holzman, actual diputada nacional por CABA en el bloque La Libertad Avanza, período 2025-2029. Foto: Wikimedia Commons (2025).
Hay funcionarios que la Argentina produce en serie: los que pasan por el Estado, dejan una huella difusa y reaparecen después en otra sigla partidaria como si nada hubiera ocurrido. Patricia Holzman es una de esas figuras. Contadora pública, discípula política del rabino Sergio Bergman, articuladora de las áreas más sensibles del Ministerio de Ambiente durante cuatro años y hoy legisladora nacional por la fuerza del presidente Javier Milei. El tránsito desde el PRO hasta La Libertad Avanza podría leerse como una evolución ideológica. Quienes la conocen desde adentro lo describen, en cambio, como lo que siempre fue su marca distintiva: una habilidad excepcional para sobrevivir y reposicionarse, cualesquiera sean las circunstancias.
Pero antes de llegar al Congreso, Holzman tuvo que atravesar episodios que, en una democracia con mayor memoria institucional, habrían clausurado definitivamente cualquier carrera pública. No lo hicieron. Y eso, en sí mismo, es parte del problema.
La causa de los helicópteros: contratación directa bajo sospecha
En enero de 2017, la fiscalía federal inició una causa judicial para investigar presuntas irregularidades en la contratación de aeronaves para el Plan Nacional de Manejo del Fuego, el programa a cargo del Ministerio de Ambiente bajo la conducción de Bergman. El corazón de la denuncia apuntaba a una práctica recurrente: en lugar de someter la contratación de helicópteros y aeronaves hidrantes a los mecanismos ordinarios de licitación pública, el Ministerio optó sistemáticamente por la contratación directa, argumentando urgencia operativa.
El ex ministro Sergio Bergman: el paraguas político
El entonces ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable Sergio Bergman encabezaba formalmente la cartera durante los episodios investigados. Su ex jefa de Gabinete, Patricia Holzman, fue señalada como la operadora ejecutiva de las decisiones administrativas más cuestionadas: las que involucraban expedientes, contratos y relaciones con las áreas de fiscalización. Bergman y Holzman fueron finalmente sobreseídos por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral —uno de los magistrados más polémicos del sistema judicial argentino—, sin que los argumentos de fondo de la denuncia original hayan sido refutados públicamente con prueba sustantiva.
La investigación fue asignada al Juzgado Federal a cargo del Dr. Rodolfo Canicoba Corral, quien dispuso allanamientos en distintas dependencias del Ministerio y solicitó a la fiscalía informes sobre los procedimientos de contratación. La sospecha central era concreta: que las contrataciones directas no obedecían exclusivamente a emergencias operativas sino que favorecían a empresas previamente seleccionadas, con sobreprecios en relación a los valores de mercado y sin los controles habituales del proceso licitatorio.
Datos de la causa judicial
Objeto: Presuntas irregularidades en contrataciones directas de aeronaves para el Plan Nacional de Manejo del Fuego.
Juzgado: Federal, a cargo del Dr. Rodolfo Canicoba Corral.
Inicio: Enero de 2017.
Medidas dispuestas: Allanamientos en dependencias del Ministerio de Ambiente; solicitud de informes de contratación.
El CEDyAT y los presuntos convenios ficticios
La segunda gran sombra sobre la gestión de Holzman involucra al Centro de Estudios Desarrollo Técnico (CEDyAT), una Unidad de Vinculación Tecnológica reconocida bajo la Ley 23.877 de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica. En el marco del Decreto Presidencial N° 434/2016, que establecía el Plan de Modernización del Estado y la transformación digital de los organismos públicos, la gestión en la que Holzman tenía peso jerárquico decisivo suscribió convenios de colaboración con el CEDyAT para tareas de digitalización de expedientes y modernización documental.
Hasta ahí, la operación podría haber sido legítima. El problema, según las fuentes que denunciaron internamente la situación, era de otra naturaleza: los convenios firmados describían tareas que en muchos casos nunca se realizaron o se realizaron a una fracción mínima de los valores facturados. Digitalización de archivos, fotocopiado masivo de actuaciones, tareas de soporte administrativo: servicios básicos cotizados y abonados a valores millonarios que no encontraban correlato en el trabajo efectivamente producido ni en los resultados documentales verificables.
El núcleo del problema CEDyAT
Las áreas que manejaban los expedientes de fiscalización en formato papel —incluyendo las multas a empresas de Residuos Sólidos Urbanos— generaron resistencias internas frente al proceso de digitalización impulsado desde la conducción. Fuentes que trabajaron en esas áreas señalan que la resistencia no era burocrática sino sustantiva: los expedientes digitalizados perdían la opacidad que los expedientes en papel garantizaban. En ese contexto, los convenios con el CEDyAT habrían funcionado como un mecanismo de desvío de fondos públicos bajo la cobertura de la modernización estatal. El monto total implicado, según estimaciones de quienes denunciaron la situación, ascendía a valores que superaban ampliamente cualquier justificación de mercado para los servicios descriptos.
La resistencia interna que generó este esquema en las áreas de fiscalización fue interpretada por la conducción, según testimonios recabados por este medio, como obstáculos burocráticos a superar. En la práctica, los funcionarios que cuestionaron los convenios fueron progresivamente desplazados o marginados. Los despidos masivos de 2017 y 2018 —denunciados públicamente por gremios y organizaciones sindicales— constituyen, para quienes reconstruyeron la dinámica interna del Ministerio, el reverso administrativo de estas maniobras: quienes sabían demasiado, dejaron de estar.
El salto político: del PRO a La Libertad Avanza sin escalas ideológicas
La trayectoria política de Holzman es, en términos estrictamente partidarios, un manual de supervivencia por sobre cualquier otra cosa. Ingresó al Estado nacional en diciembre de 2015 de la mano del PRO y del entonces ministro Bergman, con quien construyó una relación de confianza política y operativa que la llevó a convertirse en la funcionaria con mayor gravitación real dentro del Ministerio de Ambiente, muy por encima de su rango formal de jefa de Gabinete. En los pasillos del organismo, se la conocía como la persona que decidía qué expedientes avanzaban y cuáles no, quién se quedaba y quién se iba.
Con el fin del gobierno de Macri en 2019, Holzman salió del Estado. Pero no de la política. Reapareció en 2025 encabezando una candidatura legislativa por La Libertad Avanza, el movimiento liderado por Javier Milei. El salto desde el PRO —un partido de centroderecha con una identidad relativamente definida— hacia el espacio del presidente Milei no fue acompañado de ninguna explicación ideológica pública, ningún documento de adhesión doctrinaria ni ninguna autocrítica sobre la gestión anterior. Fue, simplemente, un cambio de camiseta ejecutado con la misma eficiencia administrativa con la que, según sus críticos, se suscribían los convenios con el CEDyAT.
El 10 de diciembre de 2025, Patricia Holzman asumió como diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, integrando el bloque parlamentario de La Libertad Avanza. Actualmente integra la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, lo que la coloca, paradójicamente, en posición de legislar sobre las mismas políticas que administró con los resultados que este artículo documenta.
Cronología: de la gestión Bergman al Congreso
El retrato de un sistema
El caso Holzman no sería interesante si fuera una excepción. Lo es porque es, lamentablemente, un patrón. En Argentina existe una clase de funcionario que opera en el espacio que media entre la política y la administración: ejecuta las órdenes que los jefes políticos prefieren no firmar, facilita los mecanismos que los controles formales prefieren no ver, y cuando las cosas se complican, invoca la obediencia jerárquica; cuando las cosas se resuelven, reivindica la autonomía técnica. Patricia Holzman representa ese perfil con una nitidez casi pedagógica.
Lo que la distingue —y lo que hace especialmente perturbadora su presencia en el Congreso— es la ausencia total de consecuencias. Una causa judicial que no prosperó. Despidos que nadie investigó como política institucional. Convenios cuya ecuación económica nunca fue auditada públicamente con rigor. Y un salto político que, en un país con memoria institucional más sólida, habría requerido al menos una explicación. Aquí no requirió nada. Solo la audacia de presentarse y los votos necesarios para ganar.
📌 Fuente de referencia: Para ampliar sobre la trayectoria institucional de Patricia Holzman, consultar su ficha en Wikipedia — Patricia Holzman.