El Poder Ejecutivo concretó este jueves el envío al Congreso de la denominada "Ley de Hojarascas", un proyecto orientado a la derogación de más de 70 normas consideradas obsoletas, superfluas o incompatibles con los principios constitucionales vigentes.
El proyecto es impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y ya había sido presentado en 2024, aunque concluyó aquel período legislativo sin ser sancionado. El objetivo es depurar el sistema legal eliminando un extenso listado de legislaciones que, según el funcionario, obstaculizan el funcionamiento contemporáneo del Estado y restringen innecesariamente derechos y actividades en la sociedad argentina.
Seis criterios para eliminar normativa
En este nuevo intento, el texto oficial subraya que la acumulación de legislación inútil o superada no solo genera burocracia y sobrecostos, sino que, en algunos casos, ha sido aprovechada para bloquear actividades legítimas o establecer privilegios inaceptables en un Estado de derecho. El análisis abarca la normativa vigente desde 1864 hasta la actualidad e identifica seis categorías que justifican la derogación:
- Normas derogadas o superadas por otras más modernas: como la antigua ley sobre vacunación contra la viruela o la Ley N° 3.863 sobre seguros agrícolas (invalidada tras la derogación del antiguo Código Civil).
- Leyes desfasadas por el avance tecnológico: como las que regulan la microfilmación de documentos en el Ejército, o la Ley N° 21.895 que autorizaba la televisión a color.
- Normas que limitan libertades individuales o vulneran principios: como la Ley N° 14.034 que penalizaba a quienes propiciaban sanciones políticas o económicas contra el país, o la Ley N° 20.120 sobre supervisión estatal en reuniones privadas.
- Leyes que suman cargas burocráticas: como la necesidad de registrar mapas oficiales para cualquier uso comercial o la creación de comisiones repetidas.
- Normas referidas a organismos extinguidos: relativos al "Complejo Portuario de Ultramar en Aguas Profundas" o el Fondo Nacional Permanente para Estudios de Preinversión.
- Leyes que crean organismos sectoriales financiados por el Estado: como el Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios.
Ejemplos a derogar: del privilegio al absurdo
El detalle de disposiciones a eliminar incluye normas que aún prescriben penas de prisión por causas ya superadas por la reforma constitucional (como la pena de azotes prohibida en 1853), beneficios para padrinazgos presidenciales, y regulaciones que condicionan la creación de actividades artísticas o científicas.
Entre los casos paradigmáticos citados destaca la anulación de la obligación de tramitar un carnet especial para viajar como mochilero, medida vigente desde 1974. Igualmente, se propone suprimir permisos exclusivos de libre circulación y estacionamiento para legisladores y la declaratoria como "de interés nacional" de organismos cuya utilidad desapareció con el tiempo. El oso Boris.