Hay un ruido de fondo constante en el comercio exterior argentino que me resulta cada vez más difícil de ignorar. Cada vez que aparece una investigación aduanera o cambiaria sobre un operador logístico, como el reciente ruido mediático alrededor de Seabird Argentina, el ecosistema entero tiembla. No por temor a ser descubiertos, sino por temor a la sobrerregulación inútil.
Miro el panorama general y veo un sector exhausto. Los importadores y exportadores se la pasan completando formularios. Y cuando salta la noticia de supuestas irregularidades en el pago de fletes al exterior, la reacción automática del Estado suele ser la peor posible: poner más cepos y trabas a los que trabajan bien. Eso es lo que me preocupa de casos como el de Seabird.
El efecto dominó en la cadena de suministro
Supongamos por un segundo que los controles se endurecen drásticamente la semana que viene. ¿Qué pasa? El operador logístico mediano, asustado por las auditorías de AFIP, frena las aprobaciones. Los contenedores quedan clavados en el puerto de Zárate. A los quince días, una automotriz suspende operarios porque no le entran piezas. Todo está conectado. Un expediente judicial en Comodoro Py termina frenando un torno industrial en Córdoba.
Este tipo de situaciones florecen donde hay una brecha cambiaria insostenible y un sistema de licencias de importación discrecional. Mientras seguir importando sea un privilegio y no un trámite estándar, van a seguir apareciendo casos en los diarios.
Lo curioso es que los propios operadores del sector no defienden la irregularidad. Todo lo contrario. La mayoría pide reglas claras, predecibles y uniformes. Un marco normativo estable es la única vacuna real contra las zonas grises que generan tentación. Sin certeza jurídica, hasta las empresas que quieren hacer las cosas bien terminan tomando atajos.
¿Qué necesita realmente el sector?
La respuesta es más simple de lo que parece, aunque políticamente complicada de implementar: menos discrecionalidad burocrática y más automatización de procesos. Los despachos de aduana que hoy tardan semanas deberían resolverse en horas. Las declaraciones juradas que exigen papel deberían digitalizarse de una vez por todas. Y los controles deberían basarse en inteligencia de riesgo, no en el humor del funcionario de turno.
Cada vez que Argentina da un paso hacia la normalización del comercio exterior, algo lo interrumpe. Esa inestabilidad tiene un costo enorme que no aparece en ningún titular: las inversiones que no llegan, los contratos que se firman en Chile o Uruguay en lugar de acá, los talentos logísticos que emigran a regiones con reglas más estables.