El rompecabezas fiscal suma una nueva pieza de tensión. A pesar de que los subsidios a la luz y el gas tocaron su nivel más bajo en la última década, los aportes estatales comenzaron a rebotar a inicios de este año debido al pago de deudas atrasadas con las empresas del sector energético. Este fenómeno ha encendido las alarmas tanto en el Palacio de Hacienda como en las oficinas del FMI en Washington.
Para el Gobierno, la reducción de los subsidios económicos es la piedra angular de su programa para mantener el déficit cero. Sin embargo, estudios recientes, como los elaborados por la UBA, advierten que el problema mutó: si bien la presión sobre el fisco es menor que en el pasado, el peso de las tarifas se ha convertido en un obstáculo severo para los ingresos de las familias argentinas.
La postura del FMI: focalización extrema
El Fondo Monetario Internacional sigue de cerca estos números. En sus recientes comunicaciones, el organismo ha dejado claro que no hay margen para relajar el ajuste en el sector energético. La recomendación central del FMI es abandonar los subsidios generalizados y avanzar hacia un esquema de ayuda híper focalizada, destinada únicamente a los sectores de extrema vulnerabilidad.
El dilema para el equipo económico es claro: acatar la recomendación del FMI implica un nuevo y duro golpe a la clase media, que ya destina una porción histórica de sus ingresos al pago de servicios básicos. La resolución de este conflicto tarifario será determinante para las próximas revisiones del acuerdo con el organismo multilateral.