Oficialistas y dialoguistas de la comisión de Acuerdos del Senado dictaminaron esta tarde con al menos 13 firmas el pliego para designar como embajadora política en Canadá a la exlegisladora nacional Lucila Crexell (Neuquén). El despacho quedó habilitado para ser tratado en el recinto en las próximas semanas, en un encuentro donde el kirchnerismo quedó aislado en sus acusaciones contra la postulante.
Durante la reunión, comandada por el libertario riojano Juan Carlos Pagotto, también avanzaron varios pliegos militares, incluyendo el ascenso del general de división Oscar Santiago Zarich (Ejército), y los vicealmirantes Juan Carlos Romay y Marcelo Alejandro Dalle Nogare (Armada y Estado Mayor Conjunto, respectivamente).
El debate: Malvinas, Gaza y la ley Bases
"Argentina tiene un enorme potencial y estoy honrada por esta designación", comenzó Crexell, destacando los más de 150 años de historia diplomática con Canadá, con foco en minería y energía. Sin embargo, minutos después el kirchnerismo lanzó fuertes cuestionamientos de la mano de Fernando Salino, Carlos Linares, Florencia López y Juliana di Tullio.
Mientras Salino consultó por posturas sobre Malvinas y Gaza, Linares la increpó por su presunto cambio de voto durante el tratamiento de la ley Bases, recordando una denuncia penal que ya fue rechazada por la justicia. "Si no reconoce que hay una sentencia firme, quiere decir que no es republicano y no respeta las decisiones judiciales", le respondió tajante Crexell a Linares.
— Carolina Moisés (Senadora peronista)
La defensa de Crexell llegó desde distintos bloques. El jefe del PRO, Martín Goerling, aseguró que la candidata representará "de la mejor manera" a los argentinos, recordando además episodios de corrupción diplomática del gobierno anterior. Por su parte, la peronista Carolina Moisés fulminó a sus ex compañeras de bancada acusándolas de aplicar una sororidad "demagógica" y de ejercer violencia de género política contra la candidata neuquina.
¿Qué dijo la Justicia sobre la denuncia?
En el expediente ya desestimado contra Crexell por su votación en la ley Bases, la Justicia concluyó que no se puede establecer una relación causal entre su designación y su voto. El fiscal y el juzgado Criminal y Correccional Federal 6 determinaron que "el comportamiento de los funcionarios que realizan negociaciones en miras a lograr la sanción de un paquete de leyes" no constituye un delito de cohecho, rechazando de plano la acusación.