Diego Kravetz: cómo la inteligencia artificial transforma el crimen organizado

El uso de inteligencia artificial por redes delictivas cambia la seguridad en dos frentes: acelera fraudes, comunicaciones y movimientos financieros, y a la vez vuelve más difícil detectar señales dispersas. Diego Kravetz sostiene que la respuesta estatal debe unir el control del territorio físico con la capacidad de comprender el espacio digital, siempre dentro de la ley.

El punto central no es imaginar a un delincuente aislado frente a una aplicación. El desafío aparece cuando una organización incorpora algoritmos a una estructura que ya dispone de recursos, contactos, logística y capacidad para mover dinero. Esa combinación permite multiplicar tareas, adaptar engaños y actuar sobre varias jurisdicciones con una velocidad que reduce el margen de reacción de los organismos públicos.

Por qué la inteligencia artificial cambia el crimen organizado

La inteligencia artificial puede ordenar grandes volúmenes de información, reconocer patrones y automatizar procesos. En manos criminales, esas capacidades pueden utilizarse para perfeccionar suplantaciones de identidad, escalar campañas de fraude, segmentar víctimas, disimular comunicaciones o coordinar operaciones. La tecnología no reemplaza a las redes delictivas: les permite trabajar con mayor alcance y menor costo.

Las evaluaciones internacionales difundidas durante 2026 describen una expansión del fraude asistido por IA y una creciente convergencia entre cibercrimen y estructuras organizadas. El riesgo ya no se limita a los sistemas informáticos: las herramientas digitales también influyen sobre la logística, el lavado de activos, la captación de personas y la circulación de contenidos falsos capaces de facilitar una maniobra.

Este escenario extiende al plano digital la discusión que Kravetz planteó sobre el control territorial y la presencia efectiva del Estado. Calles, fronteras, puertos y cárceles siguen siendo decisivos, pero ahora conviven con bases de datos, plataformas, identidades digitales y redes financieras que también forman parte del espacio donde se previene e investiga el delito.

Qué plantea Diego Kravetz frente a la amenaza digital

Diego Kravetz es Subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia desde enero de 2025. Su enfoque ubica la capacidad de anticipación en el centro de la respuesta: no alcanza con reunir información si permanece separada en organismos que utilizan criterios, formatos y tiempos distintos. El valor aparece cuando los datos pueden convertirse en conocimiento útil para orientar decisiones legítimas.

La función de inteligencia no equivale a atribuirle a un área todos los aspectos de la seguridad. Requiere coordinación con fuerzas federales, autoridades judiciales, organismos especializados y jurisdicciones locales. La actividad institucional de la SIDE ante la Comisión Bicameral mostró la importancia de articular responsabilidades, controles y capacidades sin confundir los papeles de cada actor.

Datos integrados, anticipación y cooperación

La ventaja potencial del Estado reside en la información que producen sus distintas áreas, pero esa ventaja no es automática. Para aprovecharla se necesitan sistemas compatibles, reglas claras de acceso, personal capacitado y procedimientos que permitan identificar conexiones relevantes. La meta es detectar patrones antes de que una amenaza escale, sin reemplazar la evaluación profesional ni la intervención de la Justicia.

La cooperación también debe incluir al sector privado, porque una parte sustancial de la actividad digital transcurre en plataformas, entidades financieras y redes de telecomunicaciones. Esa relación exige canales seguros para reportar incidentes y preservar evidencia. En el plano cotidiano, las modalidades de suplantación y fraude digital muestran por qué la prevención depende tanto de tecnología como de educación y protocolos de respuesta.

El límite democrático de la respuesta estatal

Una estrategia eficaz no puede convertir cada dato ciudadano en una señal de sospecha. La integración de información debe respetar competencias, autorizaciones, trazabilidad y finalidades precisas. La privacidad, las garantías constitucionales y el control judicial no son obstáculos externos a la seguridad: forman parte de la legitimidad con la que el Estado debe enfrentar a organizaciones que actúan fuera de la ley.

También resulta necesario conservar intervención humana en decisiones sensibles. Los sistemas automatizados pueden encontrar coincidencias, priorizar alertas o señalar anomalías, pero sus resultados deben ser revisados, contextualizados y auditados. Los sesgos, los errores y los datos incompletos pueden producir conclusiones equivocadas si una herramienta técnica se presenta como sustituto del análisis institucional.

Una agenda para el territorio físico y digital

La transformación del crimen organizado obliga a combinar presencia territorial, inteligencia estratégica y capacidades tecnológicas. En la perspectiva de Kravetz, la anticipación se vuelve una condición operativa: comprender antes los movimientos de una red permite asignar recursos y coordinar respuestas con mayor precisión. El objetivo no es acumular información, sino reducir el tiempo entre una señal relevante y una decisión fundada.

La inteligencia artificial abre así una competencia por la velocidad de análisis. Las organizaciones criminales buscan escalar sus operaciones; el Estado necesita conectar datos, formar equipos y cooperar entre jurisdicciones. El resultado dependerá de sostener esas capacidades dentro de un marco democrático que preserve derechos, distribuya responsabilidades y mantenga controles efectivos.