Diputados abre una sesión clave: el Gobierno busca aprobar la reforma del Banco Central y la Inocencia Fiscal
La Libertad Avanza amplió el temario para asegurar respaldos y llevará al recinto dos iniciativas centrales de la agenda económica del Gobierno.
La Cámara baja fue convocada para el miércoles 26 de agosto al mediodía con un temario ampliado tras negociaciones con aliados.
Datos Clave
La Cámara de Diputados fue convocada para este miércoles 26 de agosto a las 12, en una sesión que el Gobierno considera decisiva para su agenda económica. La Libertad Avanza buscará dar media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y a los cambios en el régimen de Inocencia Fiscal. El oficialismo llega después de ampliar el temario y negociar con el PRO, sectores de la UCR y fuerzas provinciales.
El pedido fue acompañado por firmas de legisladores oficialistas y dialoguistas. Entre ellos aparecen representantes del PRO, la UCR, Provincias Unidas, Innovación Federal y bloques provinciales. La incorporación de proyectos ajenos al núcleo inicial permitió sumar voluntades para abrir el recinto. El temario incluye además el acuerdo comercial entre el Mercosur y Singapur, el protocolo de patentes con Estados Unidos y distintas iniciativas regionales.
Qué cambia en la Carta Orgánica del BCRA
La reforma del Banco Central busca redefinir su misión institucional y limitar el financiamiento monetario del sector público. El proyecto establece como prioridad la preservación del valor de la moneda, refuerza la autonomía funcional y financiera de la entidad y elimina mecanismos utilizados para transferir recursos al Tesoro. También prohíbe préstamos al Estado nacional, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios, además de impedir la compra directa de títulos públicos en su colocación.
La Carta Orgánica vigente permite adelantos transitorios al Gobierno nacional dentro de límites vinculados con la base monetaria y la recaudación. El artículo 20 contempla un monto equivalente al 12% de la base y márgenes adicionales sobre recursos en efectivo, con plazos de devolución. La iniciativa oficial propone cerrar esa vía. Sus defensores sostienen que la emisión para financiar déficit alimentó ciclos inflacionarios; la oposición cuestiona que una prohibición absoluta reduzca herramientas frente a emergencias. Ese contrapunto será uno de los debates centrales del recinto.
La sesión medirá si el Gobierno puede convertir una coalición parlamentaria heterogénea en mayorías estables para sus reformas.
Autonomía, gobernadores y controles
Otro punto sensible es la estabilidad de las autoridades del Banco Central. El presidente, el vicepresidente y los directores solo podrían ser removidos por causales expresamente enumeradas y con aprobación previa de ambas cámaras por dos tercios de los presentes. La designación continuaría en manos del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado por mayoría simple. El mecanismo busca proteger al directorio de cambios políticos abruptos, aunque críticos del proyecto advierten que una barrera demasiado alta podría dificultar la rendición de cuentas ante errores graves de gestión.
Los gobernadores también intervienen en la discusión. Algunos aliados reclaman representación federal en el directorio como condición para acompañar la reforma. El pedido refleja una tensión histórica: el Banco Central aplica políticas nacionales con efectos diferentes sobre economías regionales, crédito productivo y financiamiento provincial. El oficialismo debe decidir si incorpora esa demanda o conserva una conducción definida exclusivamente por el Ejecutivo y el Senado.
La segunda iniciativa relevante es Inocencia Fiscal. El régimen pretende facilitar la incorporación al circuito formal de ahorros no declarados y reducir la persecución de contribuyentes por diferencias patrimoniales dentro de determinados parámetros. Durante la negociación, La Libertad Avanza aceptó excluir de manera total a funcionarios públicos y personas que hubieran ocupado cargos de alta responsabilidad durante los cinco años previos. La restricción alcanza a autoridades ejecutivas, legisladores, magistrados, integrantes del Ministerio Público y organismos de control, y se proyecta también hacia el período posterior a la adhesión.
Inocencia Fiscal y la aritmética del recinto
El cambio respondió a objeciones de aliados que temían que el régimen pudiera beneficiar a personas con capacidad de decisión sobre fondos públicos. El Gobierno sostiene que la norma apunta a ahorristas y contribuyentes comunes, no a funcionarios. La oposición pedirá precisiones sobre controles, origen de los fondos y coordinación entre la Agencia de Recaudación, bancos y unidades antilavado. El resultado dependerá tanto del texto como de la reglamentación posterior. Una redacción amplia puede incentivar la formalización, pero controles insuficientes podrían abrir cuestionamientos judiciales y reputacionales.
La ampliación del temario agrega asuntos comerciales, judiciales y regionales que pueden extender la sesión. El acuerdo Mercosur-Singapur y el protocolo internacional de patentes tienen apoyos y resistencias propios. A eso se suman pedidos de los bloques provinciales, como beneficios para productos regionales y reconocimientos culturales. El oficialismo utilizará esos proyectos para sostener la coalición parlamentaria, pero deberá ordenar los tiempos de votación.
La sesión no garantiza la aprobación definitiva de ninguna reforma. Si Diputados concede media sanción, el Senado deberá revisar los textos y puede introducir cambios que obliguen a una nueva votación en la Cámara de origen. Aun así, el miércoles será una medida concreta de la capacidad del Gobierno para transformar acuerdos políticos en leyes. La atención estará puesta en el quórum, las modificaciones de último momento y la conducta de los bloques provinciales. El resultado definirá el ritmo legislativo de septiembre y la viabilidad de otras reformas que la Casa Rosada considera prioritarias.