En los pasillos de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la Ciudad de Buenos Aires circula hace meses un malestar que ya no puede contenerse. Inspectores, empleados administrativos y fuentes del sector privado que operan bajo la órbita de la dependencia coinciden en señalar un patrón que, según sus relatos, comprometería la integridad institucional de la dirección a cargo de Franco Cammarata, Director General Fiscalización y Control.
Las denuncias, que Info Argentum pudo reconstruir a partir de testimonios directos y documentación parcial obtenida por esta redacción, apuntan a una doble irregularidad: por un lado, una conducta sistemáticamente negligente en el ejercicio de las funciones de contralor; por el otro, señalamientos concretos sobre la aceptación de beneficios económicos a cambio de omitir fiscalizaciones en locales comerciales, establecimientos gastronómicos y obras de construcción privada dentro del ejido porteño.
El mecanismo que describen las fuentes
Según el relato coincidente de tres fuentes que pidieron reserva de identidad por temor a represalias laborales, el esquema funcionaría de la siguiente manera: cuando un local o establecimiento sujeto a fiscalización recibe una visita de inspectores bajo la órbita de Cammarata, existe la posibilidad de "arreglar" el resultado del informe a cambio de sumas que, según los testimonios, oscilarían entre los 500 y los 3.000 dólares, dependiendo de la infracción detectada y del peso económico del establecimiento.
"No es un secreto dentro de la agencia. Todo el mundo sabe cómo funciona, pero nadie habla porque tienen miedo de perder el trabajo o de algo peor", relató uno de los empleados consultados, quien lleva más de seis años prestando servicios en la dependencia.
La denuncia no señala que Cammarata actúe personalmente en cada transacción, sino que el mecanismo operaría a través de intermediarios de confianza dentro del mismo organismo, con el conocimiento —y la eventual participación en los beneficios— de la conducción.
Fiscalizaciones que nunca llegaron
Un segundo vector de las denuncias apunta directamente a la inacción. Fuentes del sector de la construcción y el sector gastronómico relatan que ciertos establecimientos que deberían haber sido objeto de inspecciones periódicas llevan meses —en algunos casos más de un año— sin recibir visita alguna de la AGC, pese a haber sido denunciados por vecinos o por organismos de la misma Ciudad.
En al menos dos casos documentados por esta redacción, establecimientos que presentaban irregularidades evidentes en materia de habilitación y seguridad edilicia continuaron operando sin interrupción, a pesar de que las actuaciones administrativas correspondientes estaban iniciadas. Los expedientes, consultados de manera indirecta a través de fuentes con acceso al sistema de gestión de la AGC, muestran demoras injustificadas en las resoluciones.
"Las fiscalizaciones que molestan no se hacen, o se hacen tarde. Y cuando llegan, el informe ya está negociado", sostuvo una de las fuentes, con conocimiento directo de al menos uno de esos expedientes.
Antecedentes y contexto institucional
La AGC es el organismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires responsable de verificar el cumplimiento de las normas de habilitación, higiene, seguridad e impacto ambiental en todo tipo de establecimientos. Su rol es esencial para proteger a los ciudadanos de riesgos derivados del incumplimiento normativo. La falta de control efectivo no es una cuestión menor: incendios en locales sin salidas de emergencia, derrumbes en edificaciones con irregularidades estructurales, intoxicaciones en comercios sin controles sanitarios —todos episodios que forman parte del registro de tragedias evitables de la Ciudad— tienen en común la ausencia o la laxitud de la fiscalización previa.
En ese contexto, las denuncias sobre el accionar de Cammarata no son solo una cuestión de probidad administrativa. Son, potencialmente, un problema de seguridad pública.
Desde que asumió la dirección del área, varios inspectores de carrera señalan que el criterio de asignación de los operativos dejó de responder a una lógica de riesgo o de denuncias ciudadanas, para pasar a depender de decisiones discrecionales que no se explican con la racionalidad técnica esperada. "Antes teníamos criterios claros para saber a dónde ir y cuándo. Ahora hay zonas que nadie toca y otras que se visitan tres veces por semana, y eso no corresponde a ningún mapa de riesgo", explicó otro empleado.
Las denuncias formales
Info Argentum tomó conocimiento de la existencia de al menos dos presentaciones formales realizadas ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Ciudad, aunque no pudo confirmar el estado procesal de ambas al cierre de esta edición. Las denuncias habrían sido impulsadas por exempleados de la repartición y por particulares que afirman haber sido víctimas del mecanismo descripto.
En uno de los casos, el denunciante habría aportado documentación de respaldo —incluyendo capturas de conversaciones y registros de transferencias bancarias— que estarían siendo analizadas por los organismos competentes. La autenticidad de esa documentación no pudo ser verificada de manera independiente por esta redacción.
Desde la AGC no respondieron a las consultas enviadas por Info Argentum a través de los canales oficiales de prensa del organismo. El área de comunicación de la Jefatura de Gobierno porteña tampoco emitió comentarios al respecto.
Un funcionario que prefiere el bajo perfil
Franco Cammarata no es un nombre de alta exposición mediática. Lejos del estilo de otros funcionarios porteños que cultivan una presencia pública activa, el Director General de Fiscalización mantiene un perfil deliberadamente discreto. Sus apariciones públicas son escasas, sus declaraciones a medios, casi inexistentes. Esa opacidad, que en otro contexto podría leerse como sobriedad institucional, contrasta —según sus críticos— con la magnitud de las decisiones que maneja cotidianamente y con las denuncias que hoy lo rodean.
Fuentes con acceso a la administración porteña señalaron, además, que Cammarata habría sido advertido internamente sobre las irregularidades atribuidas a su gestión, sin que eso haya derivado en cambios sustanciales en el funcionamiento del área.
Declaraciones juradas bajo la lupa
Un aspecto que comenzó a concitar la atención de quienes siguen el caso de cerca es la evolución patrimonial declarada por Cammarata en las presentaciones que los funcionarios públicos de la Ciudad deben realizar ante la Oficina Anticorrupción porteña. Si bien el acceso completo a esas declaraciones está sujeto a los mecanismos de publicidad activa del Gobierno de la Ciudad, fuentes con conocimiento del expediente señalaron a esta redacción la existencia de discrepancias que no tendrían correlato claro con los ingresos propios del cargo.
Las inconsistencias apuntadas —que Info Argentum no pudo verificar de manera independiente al cierre de esta nota— habrían sido señaladas en al menos una de las presentaciones formales realizadas ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. No se trata de montos extraordinarios ni de bienes de alto valor que resulten llamativos por sí solos, sino de variaciones en activos declarados cuya justificación, según las fuentes, no surge de manera transparente de la documentación disponible. La Oficina Anticorrupción no respondió una consulta de esta redacción sobre si existe investigación abierta al respecto.
En el marco institucional porteño, la declaración jurada de intereses y patrimonio es una herramienta fundamental de transparencia. Su utilidad depende, en gran medida, de la voluntad política de auditar y cruzar la información declarada con otras fuentes. En ausencia de esa voluntad, el instrumento pierde eficacia preventiva.
Una denuncia por violencia laboral y un traslado que genera preguntas
A las irregularidades ya descriptas se suma un episodio que fuentes internas de la AGC califican como "elocuente por sí solo": la existencia de una denuncia formal por violencia laboral presentada contra Cammarata por un empleado de la repartición, cuya investigación se encuentra actualmente en curso ante el organismo competente.
Lo que genera interrogantes adicionales no es la denuncia en sí —que, como cualquier presentación de este tipo, deberá ser evaluada en el marco de un proceso con garantías para ambas partes— sino lo que ocurrió a continuación: según relatos coincidentes de tres fuentes consultadas de manera independiente, el empleado denunciante fue trasladado a otro sector de la dependencia mientras la investigación todavía se sustancia.
El traslado, que formalmente puede encuadrarse dentro de las potestades organizativas de la conducción, fue interpretado por quienes conocen el caso como una señal de advertencia hacia el resto del personal. "Cuando ves que el que denuncia es el que termina cambiado de lugar, el mensaje es claro", resumió una fuente que prefirió no ser identificada.
Desde el punto de vista de los procedimientos internos de la Ciudad, el traslado de un denunciante durante la tramitación de una investigación por violencia laboral es una práctica que, dependiendo de las circunstancias, podría ser cuestionada como una medida que afecta la posición del trabajador en el proceso. La normativa porteña en materia de acoso y violencia laboral establece, en términos generales, el deber de no represalia hacia quienes activan mecanismos de protección. Si el traslado configura o no una represalia encubierta es algo que deberá determinar la instancia investigadora.
Lo que está en juego
Más allá de las responsabilidades individuales que pudiera determinar la Justicia, el caso pone en evidencia una vulnerabilidad estructural: la posibilidad de que los mecanismos de control del Estado sean capturados por intereses que los vaciaron de contenido. Cuando quien debe fiscalizar no lo hace —o lo hace selectivamente—, el daño no recae solo en el Estado. Recae sobre los vecinos que viven sobre un local que nunca fue inspeccionado, sobre los trabajadores de un edificio con deficiencias estructurales no sancionadas, sobre los comensales de un restaurante cuya cocina nadie revisó.
Info Argentum seguirá monitoreando el desarrollo de estas denuncias y mantendrá abiertos los canales para recibir nueva información de fuentes que deseen aportar al esclarecimiento de los hechos.
Esta redacción intentó obtener la versión del funcionario mencionado y del organismo a su cargo. Al cierre de esta nota, no hubo respuesta. Las denuncias aquí descriptas fueron aportadas por fuentes con reserva de identidad o surgen de presentaciones de carácter público. Info Argentum no afirma como probados hechos que están siendo investigados por la autoridad competente.