El Gobierno mueve tasas, salarios y crédito para intentar reactivar la economía

El Gobierno puso en marcha una batería de medidas con la que intenta reanimar una economía que muestra inflación en descenso, pero también debilidad en el empleo, los salarios y varios sectores productivos. La estrategia combina mayor liquidez bancaria, cambios en el crédito hipotecario, flexibilización de préstamos en dólares, acuerdos salariales con sumas adicionales y nuevas concesiones viales. El equipo económico evita definirla como un paquete de estímulo porque sostiene que no habrá expansión del gasto público ni abandono del superávit fiscal. Sin embargo, las decisiones reconocen que la estabilidad nominal por sí sola no logró traducirse todavía en una recuperación homogénea para hogares y empresas.

Uno de los movimientos centrales fue permitir que el Banco Central aportara liquidez al mercado para moderar tasas que habían encarecido el financiamiento. El costo del dinero afecta al consumo durable, el capital de trabajo y la refinanciación de deudas. Una baja puede aliviar cuotas y facilitar operaciones, aunque su impacto no es automático: los bancos también evalúan mora, ingresos y riesgo. Si la demanda de pesos no acompaña, una expansión excesiva de liquidez puede presionar sobre el dólar.

Una batería de instrumentos sin un estímulo clásico

El frente salarial incorpora otra señal. La Secretaría de Trabajo habilitó un piso para las categorías más bajas y homologó acuerdos que incluyen sumas no remunerativas en actividades como comercio y servicio doméstico. Esas partidas elevan el ingreso de bolsillo en el corto plazo, pero no siempre se integran por completo al salario básico ni generan los mismos aportes. El objetivo oficial es dar oxígeno al consumo sin validar aumentos permanentes que, según su diagnóstico, puedan trasladarse a precios. Los sindicatos advierten que los ingresos reales continúan rezagados y que las compensaciones transitorias no reemplazan una recomposición estable.

La construcción aparece como uno de los sectores elegidos para multiplicar el efecto del crédito. El Gobierno anunció que recursos administrados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad podrán colocarse en depósitos bancarios de largo plazo. Con ese fondeo, las entidades ofrecerían hipotecas a un mínimo de quince años y con una tasa máxima de UVA más 7,5 por ciento. La iniciativa pretende ampliar un mercado todavía pequeño y dar previsibilidad a bancos, desarrolladores y compradores.

El crédito hipotecario como apuesta para la construcción

El mecanismo movilizaría alrededor de dos billones de pesos y busca resolver una dificultad histórica: los bancos captan depósitos de plazos cortos, pero una hipoteca necesita financiamiento durante muchos años. Transformar ese ahorro en fondeo estable puede aumentar la oferta y reducir tasas. El riesgo no desaparece. Una mejora sostenible requiere ingresos formales, inflación estable y reglas que permitan proyectar.

El paquete también flexibiliza préstamos en dólares para empresas que no generan divisas de forma directa. La medida amplía alternativas de financiamiento, especialmente para firmas integradas en cadenas exportadoras o con capacidad de cubrir el riesgo cambiario. No obstante, endeudarse en una moneda distinta de aquella en la que se obtienen los ingresos puede producir un descalce peligroso. Las entidades deberán analizar la capacidad de repago y las compañías tendrán que contemplar escenarios de variación del tipo de cambio. El crédito puede impulsar inversión, pero no reemplaza una evaluación prudente de moneda, plazo y destino.

En infraestructura, el Ejecutivo aceleró licitaciones de corredores viales bajo esquemas de participación privada. La apuesta es que concesionarios aporten mantenimiento y obras sin que el Tesoro asuma todo el desembolso inicial. Carreteras en mejores condiciones reducen costos logísticos y favorecen actividad regional, aunque los contratos requieren controles, metas verificables y reglas claras sobre peajes.

Los límites que marcan el empleo y los ingresos

Las señales positivas conviven con indicadores frágiles. Consultoras privadas estiman que la inflación de agosto podría desacelerarse, apoyada en una suba moderada de alimentos, pero el mercado laboral sigue bajo presión. Informes citados por los medios registran una caída prolongada del empleo privado y un reemplazo parcial por tareas independientes. Esa transformación contiene la tasa de desempleo abierto, aunque puede implicar ingresos variables y menor protección.

El otro límite es la morosidad. Muchas familias llegaron a esta etapa con cuotas de tarjetas, billeteras y préstamos personales que crecieron más rápido que sus ingresos. Reducir tasas nuevas no resuelve por sí mismo las deudas anteriores, contratadas bajo condiciones más costosas.

El resultado de la estrategia se medirá en los próximos meses. Si la liquidez baja el costo del crédito, las hipotecas encuentran demanda solvente y la construcción acelera proyectos, la actividad podría mejorar sin comprometer las cuentas públicas. Si los salarios y el empleo no acompañan, el impulso será limitado y concentrado. El desafío consiste en sincronizar estabilidad, financiamiento e ingresos reales. El Gobierno apuesta a una reactivación apoyada en bancos e inversión privada; la prueba decisiva será que esas herramientas lleguen a la economía cotidiana y no queden restringidas a anuncios o segmentos con mayor capacidad financiera.