La Corte dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras: alcance jurídico y efectos sobre la propiedad rural

La cuestión procesal que definió el resultado

El punto central del fallo no fue una evaluación general sobre la conveniencia de permitir compras extranjeras ni una validación sustantiva de la política oficial. La Corte examinó primero si el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata podía actuar como demandante y si existía una controversia concreta. Al responder negativamente, cerró el caso por una razón procesal. Esa distinción es esencial: una demanda rechazada por falta de legitimación no equivale a una sentencia que declare constitucional el contenido impugnado.

El expediente había comenzado después de que el artículo 154 del DNU 70/2023 derogara la Ley 26.737. Una instancia inferior había admitido el planteo y mantenido suspendida esa parte del decreto. La intervención del máximo tribunal revierte ese efecto cautelar y permite que la derogación vuelva a operar. El cambio práctico es inmediato, pero el razonamiento deja abierta la posibilidad de que otro actor, capaz de demostrar una afectación directa, promueva un litigio diferente con argumentos de fondo. El antecedente relacionado puede consultarse en El debate legislativo sobre soberanía nacional.

La legitimación procesal funciona como una puerta de acceso a la Justicia. Exige que quien demanda muestre una relación suficiente con el derecho o interés que afirma defender. La Corte consideró que una invocación amplia de la soberanía no alcanzaba para configurar un caso judicial. Sus críticos sostienen que una materia colectiva requiere criterios más flexibles; sus defensores responden que los jueces no pueden emitir opiniones abstractas ni reemplazar decisiones políticas sin una controversia debidamente planteada.

Qué límites desaparecen y qué controles continúan

La Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011, establecía que la titularidad extranjera no podía superar el 15% de la superficie rural nacional. También imponía topes por provincia, municipio, nacionalidad y titular, además de restricciones especiales sobre inmuebles con cuerpos de agua relevantes y zonas de seguridad fronteriza. Con la derogación nuevamente operativa, esos límites específicos dejan de ser la barrera general que ordenaba las adquisiciones.

Eso no significa que toda operación quede automáticamente libre de controles. Las transferencias continúan sujetas a normas registrales, tributarias, ambientales, de defensa de la competencia y seguridad de fronteras cuando correspondan. Las provincias conservan competencias sobre uso del suelo y recursos naturales. La diferencia es que ya no existe el régimen nacional especial basado exclusivamente en la condición extranjera del comprador. Cada operación deberá revisarse según las reglas generales y las particularidades territoriales aplicables.

El Gobierno sostiene que eliminar restricciones amplía la llegada de capital para agricultura, minería, energía y turismo. La oposición advierte que la tierra incorpora agua, biodiversidad y posiciones estratégicas que no pueden analizarse como un activo ordinario. El debate económico tampoco tiene una respuesta automática: una compra puede financiar producción e infraestructura o limitarse a una valorización patrimonial. Los resultados dependerán de inversiones verificables, empleo, cumplimiento ambiental y encadenamientos con proveedores locales. El antecedente relacionado puede consultarse en El proyecto de sanciones vinculado con Malvinas.

El Congreso conserva la capacidad de fijar una nueva política

La sentencia devuelve el conflicto al terreno político. El Congreso puede restablecer límites, diseñar un régimen distinto o crear controles basados en tamaño, ubicación y uso productivo sin reproducir exactamente la ley anterior. Una regulación nueva debería apoyarse en datos catastrales actualizados y criterios transparentes. También tendría que coordinar Nación y provincias, porque la información sobre dominio, sociedades y beneficiarios finales suele estar fragmentada entre registros con capacidades diferentes.

La cifra de 13,3 millones de hectáreas en manos extranjeras sirve para dimensionar el fenómeno, pero requiere contexto territorial. Un porcentaje nacional puede ocultar concentraciones elevadas en determinados departamentos, cuencas o áreas fronterizas. La discusión seria necesita mapas públicos, identificación de control societario y actualización periódica. Sin esa base, tanto la promesa de inversiones como las advertencias sobre soberanía quedan expuestas a generalizaciones difíciles de comprobar.

El efecto inmediato del fallo es jurídico: cae el obstáculo que impedía aplicar la derogación. Su alcance institucional es más amplio porque muestra cómo una controversia decisiva puede resolverse sin examinar el fondo. Para inversores ofrece una regla vigente; para críticos abre la búsqueda de respuestas legislativas o nuevos casos. La estabilidad futura dependerá de que el país defina una política mediante normas claras, información completa y mecanismos capaces de equilibrar inversión productiva, federalismo y protección de recursos estratégicos.

La implementación también exigirá observar qué información publica el Registro Nacional de Tierras Rurales y cómo se actualizan las bases provinciales. Un mercado con menos límites específicos necesita más trazabilidad para conocer quién controla cada sociedad, qué superficie concentra y cuál es el destino declarado de los inmuebles. Esa transparencia no prejuzga sobre el origen del capital: permite evaluar resultados, prevenir operaciones incompatibles con otras normas y ofrecer seguridad jurídica a propietarios, comunidades e inversores. El próximo indicador relevante no será sólo la cantidad de compraventas, sino su distribución territorial y la inversión productiva asociada.