Apuestas online en Buenos Aires: qué propone el proyecto sobre biometría, publicidad y fondos para salud mental

Qué es el proyecto y en qué etapa se encuentra

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires registra el expediente D-3634/26-27, presentado por Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto, con estado parlamentario desde el 29 de septiembre. El texto busca crear un régimen integral para prevenir y abordar riesgos asociados a las apuestas en línea. La precisión temporal es indispensable: se trata de una propuesta legislativa, no de una norma vigente. Las plataformas, los usuarios y los organismos públicos no quedan sujetos a las nuevas obligaciones hasta que ambas cámaras completen el trámite, el Poder Ejecutivo promulgue la ley y, cuando corresponda, se dicte la reglamentación.

El proyecto modifica el marco bonaerense habilitado por la ley 15.079 y concentra medidas que hoy aparecen dispersas en iniciativas sobre ludopatía, publicidad y acceso de menores. Sus autores plantean comenzar el tratamiento en comisiones y buscar una sanción antes de fin de año, según informó LA NACION. Ese cronograma es una intención política atribuida al bloque impulsor: puede cambiar por negociaciones, dictámenes alternativos o falta de acuerdos. Por eso, la evolución debe seguirse mediante movimientos del expediente y no mediante fechas anunciadas como si fueran definitivas.

La propuesta se inserta en una discusión más amplia. La comisión especializada de la Legislatura venía reuniendo proyectos de distintos bloques para construir una regulación común. Página/12 informó en septiembre que legisladores oficialistas y opositores habían llevado iniciativas sobre publicidad, control de menores y distribución de recursos. El nuevo expediente ofrece un texto de referencia, pero no clausura ese debate ni garantiza que todos sus artículos lleguen intactos al recinto.

Biometría, límites de tiempo y protección de usuarios

El mecanismo más visible es la verificación biométrica facial en tiempo real. El proyecto la exige al abrir una cuenta, iniciar sesión, depositar o retirar fondos y realizar apuestas por encima de un monto que debería fijar la reglamentación. El objetivo declarado es impedir la suplantación de identidad y el acceso de menores. Su implementación, sin embargo, abre preguntas concretas: quién conserva las plantillas biométricas, durante cuánto tiempo, con qué estándares de seguridad y qué alternativa existe ante un error de reconocimiento.

También se proponen cuentas personales e intransferibles, topes de depósitos y un cierre automático después de una hora de actividad, seguido por otra hora sin posibilidad de ingreso. Estas herramientas intentan introducir fricción en un servicio diseñado para operar de manera continua. Su efecto dependerá de que los límites alcancen a todas las licencias y de que un usuario no pueda eludirlos mediante varias plataformas. La autoridad de aplicación necesitaría criterios comunes, intercambio de información permitido por la ley y auditorías que distingan prevención efectiva de una simple ventana emergente.

Para los menores, el proyecto prevé la revocación de la licencia cuando su participación derive de mecanismos insuficientes de identificación o control de edad. Esa sanción elevaría el costo del incumplimiento, pero requerirá un procedimiento probatorio claro y derecho de defensa. La norma debería diferenciar un fallo aislado, una práctica sistemática y la actuación mediante identidad robada. Sin esa graduación, una cláusula severa puede resultar difícil de aplicar o quedar expuesta a impugnaciones.

Publicidad, aportes y destino de los recursos

La iniciativa exige autorización previa del Instituto Provincial de Lotería y Casinos para las campañas y prohíbe promociones dirigidas a menores, bonos que incentiven la permanencia y recursos que presenten las apuestas como un juego recreativo. Además, plantea que los operadores aporten una suma equivalente al cien por ciento de lo invertido en publicidad, promoción y patrocinio. Esa carga financiaría un fondo para salud mental y atención de la ciberludopatía, distribuido en un setenta por ciento a municipios y un treinta por ciento al Ministerio de Salud provincial.

Otro aporte mensual sería del tres por ciento sobre los premios obtenidos. El texto destina el ochenta y cinco por ciento de ese fondo a clubes de barrio, asociaciones civiles, sociedades de fomento, centros culturales y centros de jubilados sin fines de lucro; el quince por ciento restante iría a becas para deportistas de alto rendimiento. Para evitar una asignación opaca, la discusión legislativa debería precisar base de cálculo, organismo recaudador, criterios de reparto, publicación de beneficiarios y auditoría de resultados.

Apuestas ilegales, datos personales y criterios para evaluar la ley

El proyecto crea una fiscalía especializada en apuestas ilegales en línea y habilita medidas urgentes, como bloqueo de sitios y aplicaciones, suspensión de medios de pago y retiro de publicidad. Según el resumen difundido por la prensa, un juez podría resolver una clausura preventiva dentro de seis horas cuando existan elementos que acrediten actividad no autorizada. La rapidez busca evitar que los operadores cambien de dominio o muevan fondos, pero necesita reglas de notificación, revisión y cooperación con bancos, billeteras, proveedores de internet y tiendas de aplicaciones.

La biometría agrega una tensión que la futura ley no debería minimizar: para proteger a los usuarios se procesan datos especialmente sensibles. El control debe contemplar minimización, cifrado, registro de accesos, respuesta ante incidentes y eliminación verificable. También hace falta informar si la validación queda en manos del operador o de un tercero. La prevención de la ludopatía no justifica recolectar más información que la necesaria ni reutilizarla con fines comerciales.

Si la norma avanza, su resultado podrá comprobarse con indicadores publicados periódicamente: intentos de acceso de menores bloqueados, autoexclusiones, pausas activadas, reclamos, sitios clandestinos detectados, tiempo de respuesta judicial y personas asistidas. También deberán conocerse la recaudación de los fondos y su destino. Sin esa rendición de cuentas, la evaluación quedaría limitada al número de sanciones o al dinero recaudado, dos medidas que no demuestran por sí solas una reducción del daño.