El Senado aprobó la reforma de Zonas Frías para recortar subsidios al gas y avanzó con cambios en la Carta Orgánica del BCRA

La reconfiguración del régimen de Zonas Frías y el ahorro fiscal proyectado

El Congreso de la Nación clausuró una semana de intensa actividad parlamentaria con la sanción definitiva de una de las reformas más sensibles para el equilibrio fiscal del sector energético. Tras una pulseada política de alto voltaje que enfrentó al oficialismo libertario con los mandatarios provinciales del sur y del centro del país, el Senado aprobó por 38 votos a favor contra 31 en contra el proyecto que redefine los alcances de la ley de Zonas Frías. La normativa sancionada establece una segmentación socioeconómica rigurosa para el acceso a las bonificaciones en las boletas de gas natural por red y gas licuado envasado, dejando sin efecto las ampliaciones territoriales indiscriminadas que se habían incorporado en legislaciones previas.

El núcleo central del texto legal radica en la focalización estricta de la asistencia estatal en los deciles de menores ingresos (categorías N2 del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía), manteniendo las reducciones tarifarias de hasta el 50 por ciento exclusivamente para jubilados que perciben hasta dos haberes mínimos, beneficiarios de pensiones no contributivas y familias con ingresos por debajo de la línea de pobreza. Para los usuarios residenciales de ingresos medios y altos radicados en zonas que no presentan temperaturas invernales críticas de forma prolongada, el beneficio se desmontará de manera escalonada en un plazo de cuatro meses, generando un alivio fiscal inmediato para las arcas del Tesoro nacional.

Durante la exposición de fundamentos en el recinto, los miembros informantes del oficialismo respaldados por el PRO y bloques dialoguistas argumentaron que la ley original había desvirtuado su cometido social original al subsidiar a residencias de veraneo, countries y grandes contribuyentes en localidades con climas templados. Las proyecciones de la Secretaría de Energía indican que el rediseño del régimen permitirá un ahorro neto de 350 millones de dólares durante el próximo ejercicio presupuestario, recursos que serán redirigidos a garantizar la sostenibilidad de la red troncal de transporte y evitar cortes de suministro durante los picos de demanda.

Los cambios a la Carta Orgánica del BCRA y el blindaje anti-emisión

En el segundo tramo de la extensa sesión ordinaria, la Cámara alta debatió y aprobó con modificaciones sustanciales el proyecto de reforma integral a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. La iniciativa, que ahora deberá regresar a la Cámara de Diputados en segunda revisión para su sanción definitiva, tiene como propósito fundamental blindar la autonomía funcional de la autoridad monetaria y erradicar los mecanismos legales que históricamente permitieron al Poder Ejecutivo financiar desequilibrios presupuestarios mediante emisión de circulante o adelantos transitorios discrecionales.

Las modificaciones introducidas por el plenario de senadores respondieron a un acuerdo técnico alcanzado entre el equipo del ministro de Economía y los referentes económicos de la Unión Cívica Radical y fuerzas provinciales independientes. El texto aprobado consagra como mandato primario e indelegable del Banco Central la preservación del valor de la moneda nacional y la estabilidad de precios, subordinando cualquier objetivo de crecimiento o empleo a la estricta disciplina monetaria. Asimismo, se incorporó una cláusula de mayoría calificada parlamentaria para la designación y eventual remoción del presidente y directores de la entidad, elevando las exigencias de idoneidad técnica para sus integrantes.

Uno de los puntos más debatidos fue el tratamiento de las transferencias de utilidades hacia el Tesoro. La nueva redacción prohíbe de forma taxativa el cómputo de ganancias contables por revaluación de activos en moneda extranjera para habilitar giros al fisco, exigiendo que cualquier resultado positivo esté respaldado por utilidades líquidas y realizadas en balances anuales auditados por organismos internacionales. Esta salvaguarda legal busca evitar que futuros gobiernos repitan esquemas de expansión monetaria artificial que terminaron derivando en espirales hiperinflacionarias en el pasado reciente.

El tablero de votación, los acuerdos federales y las alertas opositoras

La aprobación de ambas iniciativas legislativas dejó al descubierto la reconfiguración del mapa de alianzas federales que la Casa Rosada ha tejido pacientemente a lo largo de las últimas semanas. Para alcanzar los 38 votos afirmativos en Zonas Frías, el Gobierno debió conceder a los senadores de Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén la preservación íntegra del estatus de tarifa diferenciada para los departamentos cordilleranos de clima riguroso extremo, así como un régimen especial de compensación para pequeñas y medianas empresas comerciales e industriales radicadas en la estepa patagónica.

Por su parte, el interbloque opositor de Unión por la Patria votó de manera monolítica y enérgica en contra de ambos despachos. En discursos de alto tenor crítico, los senadores del peronismo advirtieron que el recorte en las partidas de gas provocará un impacto demoledor sobre el presupuesto de los hogares de clase media en provincias como Buenos Aires, La Pampa, Mendoza y Córdoba, donde el costo de las facturas de servicios públicos podría multiplicarse por tres a partir del próximo invierno. Respecto a la Carta Orgánica, la bancada opositora cuestionó lo que definió como una renuncia del Estado a utilizar herramientas de crédito productivo para amortiguar períodos de recesión.

La sanción de estas normativas consolida la estrategia del presidente Javier Milei de cimentar mediante leyes formales del Congreso el programa de estabilización macroeconómica y déficit cero. Con la media sanción del Banco Central enviada de vuelta a Diputados para su ratificación y la ley de Zonas Frías lista para su promulgación por el Poder Ejecutivo, el Gobierno exhibe gobernabilidad parlamentaria y fortalece su posición negociadora de cara al inminente debate por el Presupuesto 2027 en el recinto de ambas cámaras.