Reforma de las PASO: por qué los gobernadores mantienen cautela y qué deberán negociar con el Gobierno

Qué propone el Gobierno y qué falta definir

La Casa Rosada reactivó la intención de terminar con las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias antes del ciclo electoral de 2027. La idea fue mencionada en conversaciones recientes con autoridades provinciales, según reconstruyó Agencia Noticias Argentinas. Sin embargo, no existe todavía un acuerdo federal cerrado ni una sanción legislativa. La eliminación necesita un proyecto con articulado preciso, dictamen de comisión, aprobación en Diputados y Senado y posterior promulgación. Hasta completar ese recorrido, las PASO siguen formando parte del marco electoral nacional.

La discusión suele presentarse como un ahorro presupuestario, pero el diseño institucional es más amplio. Las primarias determinan cómo se seleccionan candidaturas cuando una alianza presenta competencia interna y fijan un umbral para participar de la elección general. Si se eliminan, cada fuerza deberá resolver esas decisiones mediante internas partidarias, acuerdos o mecanismos alternativos. El proyecto tendrá que explicar qué sucede con los plazos de reconocimiento de alianzas, la oficialización de listas, la distribución de espacios y la fiscalización de procesos internos.

Por qué los gobernadores evitan un respaldo anticipado

Los gobernadores no forman un bloque homogéneo. Algunos administran coaliciones con internas activas; otros conducen partidos provinciales o espacios dominantes. El efecto de suprimir las PASO cambia según esa estructura. También influye si una provincia unifica o separa sus comicios del calendario nacional. Un mandatario puede valorar la reducción de costos y, al mismo tiempo, exigir garantías para la representación de minorías o para evitar que las decisiones queden concentradas en las conducciones nacionales.

La cautela también es una herramienta de negociación. El oficialismo necesita construir mayorías en ambas cámaras y los legisladores responden a combinaciones de disciplina partidaria, intereses territoriales y acuerdos de gestión. Por eso una conversación con un gobernador no equivale automáticamente a todos los votos de su provincia. La prueba real aparecerá cuando exista texto, giro a comisiones y firmas en un dictamen. Antes de ese momento, atribuir apoyos definitivos convertiría contactos políticos en certezas que todavía no existen.

Calendarios provinciales, costos y representación

Las provincias conservan autonomía para organizar sus elecciones locales dentro de sus constituciones. Una reforma nacional puede modificar la selección de candidatos a cargos federales sin uniformar necesariamente los sistemas provinciales. Esa diferencia obliga a coordinar fechas, padrones, boletas y logística. Si varios distritos desdoblan comicios, el ahorro nacional podría convivir con más jornadas electorales locales. El cálculo fiscal debe incluir organización, seguridad, correo, autoridades de mesa y campañas, pero no reemplaza el análisis de participación y competencia.

Otro punto es quién financia y controla las internas partidarias que sustituyan a las primarias abiertas. Un sistema cerrado puede reducir la intervención estatal, aunque también limitar la participación de electores independientes. Uno abierto necesita padrones, autoridades y reglas de simultaneidad. La legislación debería establecer publicidad de resultados, resolución de impugnaciones y acceso equitativo para listas internas. Sin esas precisiones, eliminar una instancia conocida podría trasladar conflictos al interior de los partidos sin resolverlos.

Cómo saber si la negociación avanza de verdad

El seguimiento debe apoyarse en evidencias públicas: ingreso formal del proyecto, comisión cabecera, cronograma de reuniones, expositores, dictámenes y adhesiones identificables. También importa comprobar si el texto mantiene el piso electoral, modifica el financiamiento o introduce otra forma de selección. Una reforma puede cambiar durante el trámite; por eso no corresponde describir como definitiva una versión preliminar. Los comunicados deben contrastarse con el expediente y las intervenciones registradas de cada bloque.

La discusión ofrece una oportunidad para separar velocidad de calidad institucional. Aprobar antes de 2027 puede dar previsibilidad, pero una modificación apresurada puede generar litigios o reglas poco claras. Un acuerdo duradero debería definir la transición, respetar plazos razonables y permitir que partidos y autoridades adapten procedimientos. El resultado no se medirá solo por la eliminación o continuidad de una sigla, sino por la capacidad del sistema para ofrecer competencia, información y representación con costos controlables.

La experiencia de suspensiones anteriores también obliga a precisar si la reforma elimina definitivamente las primarias o solo vuelve a interrumpirlas para una elección. Una solución transitoria produce incentivos diferentes de una regla permanente. Los partidos deben saber con anticipación cómo inscribir alianzas, ordenar listas y resolver empates. La seguridad jurídica electoral depende tanto del contenido como del momento en que la norma entra en vigor.

Los organismos electorales y los partidos necesitarán tiempo operativo para adaptar sistemas, capacitación y comunicación a los votantes. La discusión debería incorporar estimaciones públicas de costos y un cronograma verificable. También conviene escuchar a especialistas, apoderados y organizaciones cívicas antes del dictamen. Esa apertura no garantiza acuerdo, pero reduce errores de implementación y permite identificar qué problemas resuelve cada alternativa y cuáles deja pendientes.